La situación social de nuestro país, como correlato de la grave crisis económica que padecemos es muy seria. El aumento de la pobreza y los riesgos de desintegración social y familiar son evidentes.
Según los datos de Cáritas, el 20% de la población española , es decir 8 millones de personas sufren una situación de pobreza y, de ellos, 1,5 millones se encuentran bajo la consideración de pobreza extrema. Cáritas ha duplicado en lo que ha transcurrido de 2010 el número de personas asistidas que alcanza la cifra de 900.000.
El elevado desempleo, 4.574.700 parados en el tercer trimestre de según la EPA, es un factor determinante de esta situación. Los parados de larga duración (es decir con más de un año de paro) son 1.872.000 y, de ellos, 890.000 llevan más de dos años en el paro. Los hogares con todos sus miembros en paro son ya 1.292.300.
Sólo 2.893.186 parados cobran prestaciones de algún tipo, según los datos del Servicio Público de Empleo.
Junto a ello, los datos de desempleo juvenil son escalofriantes. Existen 860.800 desempleados con menos de 25 años, según la EPA. Es decir, el 40,72% de la población activa en esa edad. Se está originando una generación sin trabajo ni formación que no tiene ninguna posibilidad de emancipación.
Una de las consecuencias más grave de esta situación, que está produciendo severas consecuencias de desintegración de la vida familiar es la ejecución del desahucio por falta de pago de la hipoteca. Según datos del Consejo General del Poder judicial, en el primer semestre de 2010 se produjeron 51.975 ejecuciones hipotecarias, lo que anticipa que en el conjunto del año se superarán las 100.000.
Frente a todo ello, las políticas actuales del Gobierno no permiten albergar ninguna esperanza razonable de modificación de la situación.
Independientemente de las propuestas para el relanzamiento de la economía y la creación de empleo estructural que Izquierda Unida ha elaborado y hecho públicas, consideramos urgente actuar desde la Administración Pública para corregir la situación social planteada en nuestro país.
En consecuencia IU, propone el siguiente Plan de Iniciativa Social frente al Desempleo y las Consecuencias de la Crisis, que contiene 10 medidas para paliar los efectos del paro de larga duración, del desempleo juvenil y de la pérdida de la vivienda habitual que se está produciendo como consecuencia de los desahucios originados por el impago de hipotecas:
A.- Medidas dirigidas a combatir el paro de larga duración y el desempleo juvenil
1.- Prorrogar la ayuda de los 426 euros a los parados que hayan perdido las prestaciones de desempleo, recuperando la proposición aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta de Izquierda Unida y, por tanto, eliminando las limitaciones actuales de edad y situación familiar.
Consideramos esta medida como coyuntural, mientras se ponen en marcha las restantes medidas del Plan y se va ampliando su cobertura.
2.- Aprobar y aplicar un Plan de Empleo/Formación dirigido a los parados de larga duración y prioritariamente a los 890.000 parados de muy larga duración (más de 2 años)
Medida: Puesta en marcha de un Plan de Empleo/Formación en colaboración con los Ayuntamientos.
Contenido: Contratación en actividades no estructurales de refuerzo en tareas administrativas, de cuidado y vigilancia, de servicios a la Comunidad, de mejora del hábitat urbano o rural o de reforma y mantenimiento de instalaciones y servicios públicos, complementado con una formación en nuevas técnicas y actualización profesional en actividades relacionadas con nuevos yacimientos de empleo vinculados al desarrollo local o susceptibles de mejorar la productividad en su profesión habitual.
Horario: 35 horas semanales totales de las que 25 serán de trabajo y 10 de formación
Retribución: 700 euros mensuales con alta en la Seguridad Social. Las cotizaciones sociales serían pagadas por el Gobierno
Duración: 6 meses, prorrogables por otros seis meses
Inversión estimada: 600 millones de euros por cada 100.000 plazas del Programa
Retorno: 220 millones en cotización a la Seguridad Social por cada 100.000 plazas
Ahorro en el PRODI: 255 millones liberados por cada 100.000 plazas
3.- Incentivar la contratación de menores de 35 años
3.1.) El Gobierno subvencionará al empresario con una cantidad equivalente al 50% del total de la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social durante 2011 y 2012, con las limitaciones cuantitativas que se establecen más abajo por cada uno de los siguientes tipos de contratos:
a) Contrato para la formación
b) Contrato en prácticas
c) Contrato nuevo indefinido a tiempo completo de los menores de 35 años.
El límite para esta subvención será de 3.000 euros anuales para los contratos correspondientes a puestos de trabajo donde no se exija titulación superior y de 4.000 euros para aquellos donde por normativa legal o convenio colectivo aplicable se exija titulación superior.
El coste estimado de esta medida es de 250 millones de euros por cada 100.000 nuevos contratos.
Retorno: 836 millones de euros por cada 100.000 contratos en cotizaciones a la Seguridad Social.
200 millones de euros por IRPF por cada 100.000 contratos
Ahorro en desempleo: 260 millones por cada 100.000 contratos
3.2.- Creación de un Programa-Convenio de las Administraciones Públicas para la Profesionalización de los jóvenes, cuyo objetivo será la contratación de 100.000 jóvenes en 2011 para puestos no estructurales por parte de las Administraciones Públicas en todos los niveles, y por sus organismos y empresas dependientes o vinculadas. Estos contratos se beneficiarán de los incentivos a la contratación establecidos en el punto anterior, no estarán afectados por los límites en la reposición del empleo público y tendrán la duración máxima establecida por la Ley para cada modalidad de contratos.
Coste: 3.000 millones de euros
Retorno: 1.000 millones de euros cotizaciones en la Seguridad Social
700 millones de euros en IRPF
Ahorro en desempleo: 260 millones de euros
3.3.- Creación de 50.000 puestos en Escuelas de 2ª oportunidad dirigidas a jóvenes parados entre 18 y 30 años que hayan terminado sus estudios sin ninguna calificación académica o profesional.
B.- Medidas dirigidas a asegurar el derecho a la vivienda.
El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. La situación de desempleo está originando un incremento acelerado de las ejecuciones de expulsión de la vivienda habitual por impago de la hipoteca, subordinando este derecho fundamental a los intereses financieros y generando graves problemas familiares y sociales.
La legislación hipotecaria española es extremadamente favorable a los intereses financieros, no es compatible con el derecho prioritario a la vivienda establecido en la Constitución. Países de nuestro entorno como Francia o Estados Unidos tienen legislaciones hipotecarias más acordes con los intereses ciudadanos. Por tanto, es necesaria su modificación en los términos que ya ha planteado Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados.
Las organizaciones sociales y los propios afectados han tomado iniciativas legales para revertir esta situación, incluyendo denuncias por estafa o por abuso de ley contra las entidades financieras.
En consecuencia, Izquierda Unida plantea las siguientes medidas:
1.- Que la Fiscalía se persone en los procedimientos de desahucio por impago de hipotecas cuando el prestatario aporte indicios de que el contrato hipotecario pueda contener irregularidades en cuanto a la formalización de garantías o avales o de otro tipo, o cuando en el procedimiento de embargo no se haya cumplido lo establecido legalmente para garantizar la información y los derechos del prestatario.
Pedimos así mismo al Poder Judicial que en cumplimiento de sus competencias relativas a la mejora de la efectividad de la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía, establezca recomendaciones para que los jueces puedan actuar de oficio en los procedimientos de embargo, cuando aprecien irregularidades legales en los contratos hipotecarios o en la efectividad real de los derechos del prestatario.
Izquierda Unida tomará iniciativas concretas para denunciar las situaciones de indefensión que se puedan dar.
2.- La adopción de una disposición legal que suspenda la ejecución de un desahucio como consecuencia del impago de la hipoteca sobre la vivienda habitual cuando al menos uno de los miembros de la unidad familiar esté en situación de desempleo.
Con el fin de asegurar el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna, establecido en el artículo 47 de la Constitución Española, los procedimientos de desahucio de la vivienda habitual no podrán iniciarse o quedarán suspendidos a todos los efectos si se hubieran iniciado, cuando el titular de la hipoteca u otro miembro de la unidad familiar quede en situación de desempleo, siempre y cuando la vivienda hipotecada sea su residencia habitual. Mediante acuerdo entre las partes, el titular de la hipoteca podrá hacer efectiva, mientras dure la situación de paro, una parte del principal del crédito que represente una aportación razonable en función de su capacidad económica y sus restantes compromisos personales y familiares. Este pago no podrá ser superior a un tercio de los ingresos de la unidad familiar.
Una vez superada la situación de desempleo, se restablecerá la plena eficacia del contrato hipotecario con la salvedad de el pago de la parte de cuotas (principal e intereses) no satisfechas se renegociará entre las partes, sin que por la entidad financiera se puedan pretender condiciones más onerosas que las generales del crédito hipotecario concedido.
3.- La presentación en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley reformando la actual Ley Hipotecaria en el sentido de que sólo el bien hipotecado responde como garantía del pago del crédito hipotecario concedido.
4.- Regulación de la “Dación en pago” como procedimiento preferente para extinguir cualquier obligación derivada del impago de un crédito hipotecario y su inclusión en el Código Civil
5.- Presentar una Proposición no de Ley instando al Gobierno a presentar al Parlamento un proyecto de Ley sobre Endeudamiento Familiar
Madrid, 5 de noviembre de 2010
Izquierda Unida Federal
